CEHAT Informa 097/22: T&L: Nota Informativa Aprobación Reforma Ley Concursal

Estimados asociados:

El día de ayer, 6 de septiembre, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).

Con la incorporación de estas directivas europeas a nuestro derecho se pretende cumplir con los objetivos de las mismas, flexibilizando y agilizando el procedimiento concursal, y favoreciendo la utilización de mecanismos pre-concursales para permitir la reestructuración de empresas viables y la liquidación rápida y ordenada de las que no lo son.

Entre las novedades que se introducen con la reforma concursal destacamos las siguientes:

1.- PLANES DE REESTRUCTURACIÓN

Los dos mecanismos pre-concursales existentes hasta ahora, los acuerdos de refinanciación y los acuerdos extrajudiciales de pagos, se reducen a una sola institución, los planes de reestructuración, que pueden ser utilizados por todos los que acudan a este mecanismo, aunque con algunas adaptaciones para los deudores de menor activo.

Estos planes tendrán por objeto la modificación de la composición, de las condiciones o de la estructura del activo y del pasivo del deudor, o de sus fondos propios, incluidas las transmisiones de activos, unidades productivas o de la totalidad de la empresa en funcionamiento, así como cualquier cambio operativo necesario (o incluso una combinación de estos elementos).

Las empresas pueden acogerse a los planes de reestructuración en una situación de probabilidad de insolvencia, previa a la insolvencia inminente que se exige para poder recurrir a los actuales instrumentos concursales que existen en el sistema español.

Se introduce así una nueva situación, que difiere de la insolvencia real o inminente, y que funcionará como desencadenante para que la empresa pueda optar a dicho plan.

2.- PROCEDIMIENTO ESPECIAL CONCURSAL PARA MICROEMPRESAS

Se incluye un nuevo procedimiento de insolvencia único para microempresas (las que cuentan con menos de 10 trabajadores y tienen un volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros), con el objetivo de facilitar la tramitación del procedimiento para esta categoría de empresas, y con la finalidad de incrementar las posibilidades de continuidad de las empresas viables.

Este procedimiento se caracterizará por la simplificación del proceso concursal, su carácter modular y por ofrecer, tras un periodo de negociación con los acreedores de un máximo de tres meses, dos posibles itinerarios: o un plan de continuación rápido y flexible, si hay posibilidad de un acuerdo con los acreedores, o, en su defecto, por una liquidación ordenada, a través de una plataforma online.

El procedimiento se basará en una tramitación directa por el deudor, sin nombramiento obligatorio de administrador concursal, si bien, sí será necesaria la intervención de abogado y procurador en el mismo.

3.- MODIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

Se reforma en profundidad el mecanismo de segunda oportunidad, dirigido a personas físicas y autónomos en concurso, con el objetivo de incentivar a los beneficiarios a continuar con su actividad laboral o empresarial con el objetivo de posibilitar una segunda oportunidad realmente efectiva.

Entre las novedades destaca la posibilidad de exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor y con un plan de pagos a los acreedores, permitiendo al deudor, bajo ciertas condiciones, mantener su vivienda habitual y, si fuera autónomo, continuar con su actividad y con los bienes y derechos necesarios para ello.

El plan de pagos tendrá una duración máxima de tres años, que se ampliará a cinco cuando no se enajene la vivienda habitual del deudor.

Asimismo, se amplían las cantidades de crédito público exonerable a 10.000 euros y se eliminan o se relajan ciertas restricciones para poder acceder a las exoneraciones.

La ley entrará en vigor a los veinte días de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, a excepción del procedimiento establecido para las microempresas que entrará en vigor el día 1 de enero de 2023, a excepción de lo dispuesto en este procedimiento para el nombramiento del administrador concursal, que lo hará cuando se apruebe el reglamento que desarrolle su estatuto.

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