Cehat Informa 374/20: Hacienda remota el control de las retribuciones de los miembros del consejo de administración

Estimados asociados,

Remitimos la siguiente información que recibimos de nuestro asesor laboral Despacho Sedano & Asociados sobre el control de las retribuciones de los miembros del consejo de administración que, a su vez, ejercen funciones ejecutivas de alta dirección en la empresa:

Aunque la controversia sobre el trato fiscal atribuible la retribución que perciben los miembros del consejo de administración que, a su vez, ejercen funciones ejecutivas de alta dirección en la empresa, parecía zanjado en virtud de lo establecido en el artículo 15, letra e), de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades (que parecía dejar clara su deducibilidad), pero de nuevo la Agencia Tributaria cuestiona que ello sea así, y todo en base a dos resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central (en adelante, TEAC), de 8 de octubre de 2019 (RG 5548/2018), la primera, y de 17 de julio de 2020 (RG 3156/2019), la segunda.

Lo cierto es que, tras la Sentencia del llamado “caso MAHOU”, en la que el Tribunal Supremo interpretó en 2008 que la retribución de los administradores debe constar en los estatutos para ser deducibles, la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades estableció que no serían consideradas como liberalidades “las retribuciones a los administradores por el desempeño de funciones de alta dirección u otras funciones derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad”, lo que se interpretó como un intento de zanjar la polémica, en favor de su consideración como gasto deducible, aunque no aparecieran reflejadas en los estatutos sociales.

Pues bien, ahora las dos citadas resoluciones del TEAC acuden a la llamada “teoría del vínculo” que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha esgrimido recientemente en su sentencia de 26 de febrero de 2018. Conforme a dicha teoría “las actividades de gestión y administración, o de alta dirección de una sociedad prestadas en el marco de unas relaciones laborales, por quienes, a su vez, son administradores o consejeros de la misma, quedan subsumidas y absorbidas por las que esas personas han de prestar por sus obligaciones mercantiles como administradores o consejeros de tal sociedad”. La sentencia interpretaba en ese caso otra norma (Ley de Sociedades de Capital) y señala que las retribuciones percibidas por un administrador por el desempeño de su cargo deben aprobarse por los órganos sociales competentes y ser reflejadas en los estatutos, lo que ha servido a la TEAC para concluir que tales retribuciones solo pueden ser deducibles si se cumplen dichos requisitos, establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

Por tal razón, desde finales de verano Hacienda viene rechazando, de forma casi sistemática, la deducibilidad fiscal de la remuneración a los administradores con funciones ejecutivas de alta dirección, y además con efectos desde el año 2015, excepto en el caso de que ésta haya sido debidamente consignada en los estatutos societarios.

En otro orden de cosas, desde la óptica europea y en relación con el sector financiero, aumentan también los controles sobre las políticas de remuneración, respecto a las cuales la Autoridad Bancaria Europea (en adelante, ABE), exige una “moderación extrema”.

Por ello, la actualización de las directrices sobre tales políticas, sacada ahora a revisión por la propia ABE, va dirigida a evitar que la remuneración variable pueda utilizarse para eludir el denominado “bonus cap”, estipulando expresamente que tal variable no puede superar, por regla general, el 100% del sueldo fijo, aunque la ratio pueda llegar a alcanzar el 200%, si lo autoriza la junta de accionistas.

Recuerda además que las indemnizaciones por rescisión anticipada del contrato, el bonus de retención y los beneficios discrecionales de pensión basados en resultados, forman parte de dicha remuneración variable y, por lo tanto, restan sujetos a sus límites. E insiste en que las indemnizaciones por despido deben reflejar el efectivo rendimiento en el tiempo, sin que puedan recompensar malos resultados o conductas indebidas. En cuanto al abono de beneficios discrecionales de pensión basados en resultados y a las primas de retención, advierte que el banco no puede abonarlos sin tener en cuenta la situación económica de la entidad o los riesgos asumidos por el ejecutivo.

 

 

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