Reino Unido atajará las reclamaciones falsas limitando los costes legales

El Gobierno británico anunció el viernes pasado en una nota publicada por el Ministerio de Justicia del país que una modificación legislativa que entrará en vigor en las próximas semanas pondrá coto a las reclamaciones falsas por enfermedad contraída durante las vacaciones al recortar los costes legales en este ámbito y adaptarlos a la legislación que rige sobre daños personales. Esto limitará el boom de reclamaciones sufrido por hoteleros y turoperadores en los últimos años, y que el ministerio británico califica como “epidemia de reclamaciones” que ha perjudicado a la industria y a los viajeros.

Como informó HOSTELTUR noticias de turismo en un artículo publicado en noviembre de 2016, titulado ABTA: un cambio legislativo ha impulsado las reclamaciones falsas, la asociación británica de agencias de viajes ABTA había transmitido entonces al Gobierno de Reino Unido su conclusión acerca de que un cambio legislativo de 2012 había fomentado el aumento de reclamaciones en viajes al extranjero. El drástico aumento de las reclamaciones, que según recoge hoy el organismo oficial basado en un estudio ABTA, pasaron de 5.000 en 2013 a 35.000 en 2016, se había producido tras la reforma de la legislación civil de 2012.

La asociacion de agencias explicaba que dicha reforma incluye medidas que tienen como objetivo frentar las reclamaciones fraudelentas sobre daños personales pero “excluyen los incidentes ocurridos en el extranjero” desde la modificación del regimen de costes fijos recuperables. Por ello, pedía a los reguladores que permitiesen a las empresas de viajes beneficiarse del régimen de costes fijos recuperables, ya que en la situación actual el coste que supone defenderse de las reclamaciones a las empresas turíticas puede ser desproporcionado respecto de la compensación que habría que pagar al cliente.

Con el cambio normativo que prepara el Gobierno británico, y que entra en vigor en unas semanas para estar en pleno funcionamiento en verano, se limitan los costes legales para reclamaciones respecto a los paquetes de viajes en el extranjero, que hasta ahora, no había sido controlados, indica el comunicado oficial, y por ello se había producido, con lo que los costes para los turoperadores habían sido desproporcionados. Para dirimir sobre esta medida, el ministerior había pedido dictámen a un órgano consultivo, el Comité de Derecho Civil (Civil Procedure Rule Committee), cuyo veredicto ha sido positivo en el sentido de incluir en la normativa general las reclamaciones sobre enfermedades producidas durante los viajes al extranjero. La medida acabará con el lucrativo negocio de los denominados “abogados piratas” que han estado haciendo su agosto con el sector turísitico.

Esta petición de medidas urgentes no era sólo iniciativa del sector británico. También en España, como ha estado recogiendo este diario, ha luchado intensamente el empresariado. Así, según El Gobierno británico pondrá cerco a las reclamaciones fraudulentas…en 2018, en vista de que las medidas legislativas en Reino Unido habrían de esperar a este año, la CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos) puso en marcha medidas de apoyo a los establecimientos miembro.

Cabe recordar que Uno de cada cinco británicos es alentado por los bufetes, una encuesta publicada en enero de este año por ABTA, y desarrollada por la compañía YouGov, revela que uno de cada cinco británicos, el 19 %, ha sido alentado por bufetes legales a reclamar indemnizaciones a operadores de viajes por supuestas enfermedades sufridas durante sus vacaciones en el extranjero.

Una reforma que fue social

Según ha explicó a este diario, Marc Ripoll, abogado del bufete Monlex Hispajuris, la Reforma de la Justicia Civil Británica -la de 2012- supuso varios cambios legislativos -asistencia jurídica y acuerdos sobre honorarios-“.

El objetivo de la reforma era “tratar de reducir las reclamaciones que estaban contribuyendo al pago de elevadas compensaciones en el Reino Unido y hacer que las personas con pocos recursos pudieran acceder más fácilmente a dicho sistema”. Con el fin de reducir los gastos relacionados con los litigios civiles “se introdujeron los siguientes cambios normativos: sólo si el abogado gana el caso, recibirá el pago de sus honorarios – No win, no fee-; se limitan los honorarios por éxito “success fee” hasta un 25% de la compensación por daños; y se establecen limitaciones de los acuerdos sobre compensación.

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